La batalla jurídica por la legitimidad de las elecciones presidenciales del pasado 21 de junio sube de tono en los tribunales a pocos días del cambio de mando. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró oficialmente fallida la audiencia de conciliación programada para este miércoles 15 de julio de 2026 entre el equipo legal del presidente saliente, Gustavo Petro, el abogado Ramiro Bejarano y la Fundación Dilo Colombia, quienes interpusieron una acción popular en contra del mandatario por sus repetidas denuncias de fraude electoral.
La diligencia, que estuvo liderada por el magistrado Luis Manuel Lasso Lozano, pretendía que las partes alcanzaran un pacto de cumplimiento o rectificación en torno a las declaraciones presidenciales que cuestionaban la transparencia del proceso electoral donde resultó ganador Abelardo de la Espriella. Al no lograrse ningún punto de encuentro, el magistrado dio por cerrada la etapa de concertación, lo que significa que el expediente seguirá su curso ordinario y entrará formalmente en la etapa de práctica de pruebas.
Contradicciones de la defensa y fuerte regaño en audiencia
El desarrollo de la audiencia estuvo marcado por la alta tensión y lo que la contraparte calificó como una “evidente contradicción” en la postura del Gobierno. Durante el interrogatorio, el magistrado Lasso le preguntó a la defensa presidencial si el mandatario reconocía los resultados oficiales de la Registraduría.
Ante esto, el abogado defensor de Petro, Alejandro Carranza, argumentó inicialmente que los comicios de la segunda vuelta habían sido “especialmente transparentes y con controles inéditos”, usando como ejemplo que el triunfo de un candidato opositor de derecha demostraba el correcto funcionamiento del sistema. No obstante, en la misma sesión, Carranza sostuvo que el mandatario saliente posee “pruebas de un fraude masivo” y evadió responder con claridad si Petro acata o no la elección de De la Espriella:
“¿Acaso la demanda dice que el presidente tiene que reconocer al candidato que quedó elegido? ¿En qué parte, señor magistrado?“, replicó con vehemencia el defensor de Petro.
La tensión aumentó cuando el abogado Carranza acusó a Ramiro Bejarano y a los delegados del Ministerio Público de “confabular” junto a la Procuraduría General de la Nación para atacar políticamente al jefe de Estado. Estas afirmaciones provocaron que la Procuraduría solicitara una sanción disciplinaria inmediata en contra del abogado defensor. Aunque el magistrado Lasso Lozano desestimó imponer la sanción económica en ese momento, sí le hizo un fuerte llamado de atención verbal a Carranza para que moderara su tono, respetara la dignidad de la sala y evitara señalamientos impropios contra los intervinientes.
El proceso avanza a la etapa de pruebas
Al declararse fallido el pacto de cumplimiento, el proceso judicial entra en una fase decisiva. El Tribunal de Cundinamarca deberá evaluar la pertinencia y admisibilidad de las pruebas documentales y técnicas solicitadas por ambas partes.
En este escenario, el despacho judicial examinará si la Casa de Nariño efectivamente aportará pruebas técnicas que sustenten las acusaciones de Petro sobre presuntas manipulaciones al software de escrutinios o alteraciones en los kits electorales. De igual forma, se analizará el impacto real que tuvieron los mensajes transmitidos desde la investidura presidencial en la confianza de la ciudadanía hacia las instituciones democráticas del país, en un pleito que se mantendrá activo más allá del traspaso de poder el próximo 7 de agosto.
