Ante los crecientes interrogantes de alcaldes y congresistas sobre el manejo de los recursos para la reconstrucción tras el sismo del pasado 10 de agosto, el gerente del Fondo Milagro, Jaime Andrés Uribe Tamayo, entregó un informe detallado a la Comisión Accidental Bicameral. En el documento, el funcionario reveló que la entidad ha adelantado procesos contractuales por $7.440 millones, lo que equivale apenas al 1,2 % de los $624.656 millones disponibles —fondos provenientes de un crédito con el Banco Mundial incorporado al Presupuesto General de la Nación, sin aportes de cooperación o particulares a la fecha—.
De acuerdo con el informe, la totalidad de los contratos ejecutados hasta el momento se ha destinado a demoliciones e interventorías bajo la modalidad de urgencia manifiesta ($4.624 millones en Pereira y $2.815 millones en Cali), con plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2026, mientras que las solicitudes de otras regiones siguen en validación y los programas de vivienda nueva e intervención habitacional avanzan en etapas de estructuración. Sin embargo, el reporte desató fuertes críticas desde el Congreso, lideradas por sectores como el del senador Duvalier Sánchez, debido al alto costo de funcionamiento del Fondo: la nómina de 26 funcionarios vinculados mediante contratos a término indefinido asciende a $765,6 millones mensuales —con salarios de hasta $39,4 millones para la gerencia y más de $30 millones para la plana directiva y de coordinación—, a lo que se suma una comisión fija mensual para la fiduciaria Fiducoldex de 142 salarios mínimos, superando en total los $1.000 millones mensuales en gastos operativos.
