Gobierno apelará fallo judicial que frena bombardeos militares por sospecha de menores reclutados
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, anunció que el Gobierno Nacional interpondrá los recursos legales correspondientes para apelar la medida cautelar proferida por el Juzgado 34 de Familia de Bogotá, la cual ordenó a la Presidencia de la República y a las Fuerzas Militares suspender operaciones aéreas ofensivas sobre objetivos donde exista información cierta, objetiva o razonablemente verificable sobre la presencia de menores reclutados por grupos armados. El jefe de la cartera política catalogó la determinación judicial como «absurda e inconstitucional», advirtiendo que su ambigüedad técnica y jurídica paraliza en la práctica las capacidades estratégicas de la fuerza pública en el combate contra las estructuras criminales.
Lara argumentó que el criterio de información «razonablemente verificable» fijado por el despacho dentro de la tutela promovida por el ciudadano Ower Jimmy Borda Parra resulta excesivamente abierto e impracticable desde la doctrina militar. Según el funcionario, bajo ese parámetro cualquier indicio o versión preliminar bastaría para frenar un despliegue aéreo, lo que terminaría premiando el delito de reclutamiento forzado al convertir a los menores de edad en escudos humanos que garanticen inmunidad territorial y operativa a las organizaciones armadas ilegales frente a la acción del Estado.
El pronunciamiento del Ejecutivo surge en medio de una fuerte controversia tras el desarrollo de la Operación Amón el pasado 27 de agosto en zona rural de El Retorno, Guaviare, donde un bombardeo contra disidencias armadas dejó diez presuntos integrantes muertos, entre ellos tres adolescentes identificados posteriormente por Medicina Legal. A raíz de estos resultados, sectores del Congreso liderados por la representante Jennifer Pedraza radicaron una proposición de debate de control político para que el ministro de Defensa, general en retiro Jorge Eduardo Mora López, y el director del Dapre, Carlos Andrés Ríos, respondan por la legalidad y los protocolos de derechos humanos aplicados en dichas incursiones.
