El presidente del Congreso de la República, Honorio Henríquez, radicó un derecho de petición ante el Ministerio de Relaciones Exteriores para exigir claridad absoluta sobre la ejecución contractual, las inversiones y los protocolos de calidad técnica de los pasaportes colombianos. La solicitud del líder legislativo se da tras la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de suspender provisionalmente convenios e instrumentos del esquema heredado de la administración de Gustavo Petro, medida cautelar que no detiene el trámite del documento pero obliga a las entidades involucradas a rendir cuentas detalladas sobre la operación.
Henríquez demandó explicaciones directas al canciller Omar Bula Escobar sobre el estado real de la producción, la hoja de ruta para subsanar los reparos del juzgado y las denuncias sobre presuntas deficiencias en la durabilidad física de las libretas, advirtiendo la gravedad institucional que representa el eventual deterioro del documento de viaje de los connacionales. Entre los puntos neurálgicos del fallo judicial figuran compromisos presupuestales proyectados hasta 2036 sin los avales del Confis y Conpes, dudas sobre la participación de terceros que podrían lucrarse con la transferencia de conocimiento público y el hecho de que la producción autónoma en Colombia solo estaría contemplada para iniciar en 2031.
La providencia judicial fijó un plazo de 20 días hábiles para que la Cancillería, el Fondo Rotatorio, la Imprenta Nacional y la Casa da Moeda de Portugal entreguen un reporte exhaustivo que certifique los eslabones de la cadena de suministro, la ubicación y custodia de los insumos y las garantías de ciberseguridad sobre la información ciudadana, en momentos en que el Legislativo endurece el control político sobre la estabilidad y trazabilidad del servicio consular.
