Un fuerte revés jurídico sufrió la Superintendencia Nacional de Salud en medio de las tensiones administrativas con las entidades de la región. El Juzgado Primero Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Itagüí concedió un fallo de tutela que ordena suspender de manera inmediata la auditoría que el organismo de control adelantaba sobre la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA).
La providencia ampara los derechos fundamentales al buen nombre y a la honra de la empresa departamental. Asimismo, la decisión judicial impuso una medida correctiva directa al superintendente de Salud, el exalcalde de Medellín Daniel Quintero, obligando a la entidad a rectificar públicamente las versiones difundidas sobre una presunta resistencia u obstrucción por parte de la licorera durante las diligencias de inspección, vigilancia y control.
Origen del choque institucional
La controversia se remonta a finales de junio de 2026, cuando funcionarios de la Supersalud acudieron a las instalaciones de la FLA para fiscalizar el destino de los recursos que la venta de licores aporta al sistema de salud pública. Tras la jornada, la Superintendencia señaló a los directivos de bloquear el procedimiento e incluso anunció la formulación de denuncias penales.
Sin embargo, la FLA demostró ante el estrado judicial que no existió una conducta de bloqueo, sino el ejercicio de una defensa jurídica fundamentada en que las solicitudes del ente nacional excedían sus competencias legales. El juez determinó que la narrativa institucional emitida por la Supersalud vulneró la reputación del patrimonio público antioqueño.
Defensa de la institucionalidad departamental
La determinación fue celebrada por la directiva saliente de la compañía, destacando que el fallo sienta un precedente en el respeto al debido proceso administrativo:
“Protegimos el buen nombre y la honra de una empresa que es patrimonio de todos los antioqueños… Protegimos a la empresa más querida de los antioqueños hasta el último día de nuestra gestión”, afirmó Esteban Ramos, exgerente de la FLA.
Con la orden de rectificación en firme, la Superintendencia Nacional de Salud deberá emitir la corrección pública sobre la postura de la empresa, cerrando el episodio de choque institucional mientras se redefinen los alcances de la vigilancia sobre las rentas departamentales en este cuatrienio.
