
El ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez Martínez, adelantó los principales ejes económicos que guiarán a la administración saliente a asumir el cargo este 7 de agosto. Con el objetivo de enviar un mensaje contundente de compromiso fiscal a los mercados internacionales y locales, anunció la implementación del ajuste presupuestal más significativo en la historia republicana de Colombia. La medida prioritaria contempla un recorte del gasto público equivalente al 1% del PIB, lo que representa cerca de $20 billones, cuya ejecución oficial se formalizará durante los primeros días del nuevo mandato.
Gómez Martínez sostuvo que la urgencia de estas decisiones responde a un déficit fiscal real que alcanza el 7,8% del PIB, una cifra considerablemente superior a los reportes oficiales tras sumar obligaciones financieras que permanecían ocultas. Esta situación coloca al país en una posición crítica a nivel global, ubicándolo como la segunda nación con el déficit más alto del mundo. Frente a este escenario, recalcó que la estrategia sostenible para subsanar las cuentas públicas a mediano plazo radica en impulsar un mayor crecimiento económico fundamentado en la inversión y la confianza empresarial.
Junto a la austeridad fiscal, la agenda económica atenderá urgencias operativas inmediatas en infraestructura y servicios básicos. Se inyectará liquidez estratégica al sector eléctrico para operar al máximo las plantas térmicas y prevenir un apagón nacional. En el ámbito de la salud, el gobierno proyecta saldar paulatinamente las deudas del sistema para evitar su colapso financiero y restituir la calidad de atención a la ciudadanía.
Finalmente, el funcionario enfatizó la necesidad de reestructurar profundamente el sistema tributario nacional, el cual cuenta con 16 impuestos centrales, señalando que varios de ellos resultan anacrónicos. Cuestionó severamente figuras como el impuesto de timbre, al que calificó de vestigio colonial por exigir pagos anticipados en contratos de largo plazo, perjudicando la liquidez corporativa. Su plan se enfoca en eliminar gravámenes obsoletos, atender las propuestas unificadas de diversos sectores económicos y simplificar la carga fiscal para dinamizar el aparato productivo.




