ONU advierte deterioro de seguridad y riesgos para elecciones presidenciales en Colombia
El más reciente informe de la Misión de Verificación señala que el país atraviesa un momento decisivo, con presión de grupos armados en los territorios y alertas sobre las garantías para el proceso electoral.
El panorama de seguridad en Colombia volvió a quedar bajo observación internacional tras el más reciente informe del secretario general de la ONU sobre la Misión de Verificación en el país, que cubre el periodo entre el 27 de diciembre de 2025 y el 26 de marzo de 2026.
El documento, que será presentado ante el Consejo de Seguridad el próximo 21 de abril, advierte que Colombia enfrenta un momento decisivo por el deterioro del orden público en varias regiones y por los riesgos que esto representa para las elecciones presidenciales.
António Guterres expresó preocupación por los hechos de violencia ocurridos durante la campaña legislativa y por la presión que los grupos armados ilegales siguen ejerciendo sobre comunidades en zonas afectadas por el conflicto.
Aunque la ONU reconoce que las elecciones legislativas del 8 de marzo transcurrieron en gran medida de forma pacífica, el informe subraya que el contexto sigue siendo frágil. Según el reporte, más de 41 millones de colombianos estaban habilitados para votar y solo dos puestos de votación fueron trasladados por razones de seguridad, en una jornada protegida por unos 246.000 integrantes de la Fuerza Pública. Sin embargo, el organismo alertó sobre riesgos altos en al menos 185 municipios, especialmente en zonas rurales y en circunscripciones de paz, donde la presencia de actores armados sigue condicionando la participación política.
El documento también revisa el contexto político y de implementación del Acuerdo de Paz. En ese punto, la ONU describe un balance mixto sobre la política de Paz Total, con avances parciales en algunos diálogos y estancamiento en otros, como el proceso con el ELN. A esto se suma la preocupación por regiones como el Catatumbo y por el impacto de la violencia sobre excombatientes, líderes sociales y comunidades rurales.
