Procuraduría asume investigación por presuntas irregularidades y millonarios pagos en el Consulado de Colombia en Tijuana
La Procuraduría General de la Nación asumió formalmente la indagación disciplinaria por las graves irregularidades detectadas en la apertura y funcionamiento del Consulado de Colombia en Tijuana (México), tras incorporar el expediente que adelantaba la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Cancillería. El proceso se originó tras denuncias sobre representaciones diplomáticas creadas durante el gobierno anterior y que derivaron en la decisión de la actual administración del presidente Abelardo de la Espriella de cerrar dicha sede, la cual permaneció sin inmueble operativo ni atención al público, obligando a los usuarios a tramitar sus requerimientos desde Ciudad de México.
De acuerdo con las revelaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores y reportes de medios de comunicación, la cónsul provisional Maryory Ecinedth Pabón Gavilán habría devengado una asignación mensual de USD 14.700, acumulando más de USD 153.000 (cerca de $500 millones de pesos) entre enero y octubre de 2026, además de recibir USD 20.338 por concepto de viáticos y transporte de menaje sin haber prestando un servicio efectivo. Frente al escándalo, el excanciller Luis Gilberto Murillo defendió la política de expansión consular prevista en el Plan Nacional de Desarrollo, indicando que el proceso requería cerca de 45 pasos técnicos y asegurando que la designación inicial de Pabón estaba proyectada para Vancouver y no para Tijuana. El caso ya fue compulsado a la Fiscalía General para establecer responsabilidades penales por presunto peculado y compromisos sin respaldo presupuestal.
