Revisar la historia crediticia dejó de ser un trámite exclusivo para solicitar un préstamo. En el entorno digital actual, monitorear la central de riesgo se ha transformado en una medida de ciberseguridad indispensable para detectar a tiempo la suplantación de identidad y el uso no autorizado de datos personales.
Un cobro desconocido, mensajes de aprobación de créditos no solicitados o consultas sospechosas a su nombre son señales de alerta de que un tercero ha adquirido obligaciones financieras a su costa. Según cifras de DataCrédito Experian, el 97,7 % de los colombianos percibe que el fraude ocurre con frecuencia, mientras que el 36,6 % afirma haber sido víctima directa en el último año. Entre los delitos más comunes destacan las estafas en compras en línea o phishing (34,5 %), los hackeos (26,7 %), la suplantación (12,6 %) y los créditos tramitados a nombre de terceros (8,5 %).
Impacto económico y protección bajo la Ley 2573 de 2026
El impacto de estos delitos va más allá del robo de datos. De acuerdo con TransUnion, la pérdida mediana entre los consumidores afectados por fraude digital en Colombia alcanzó los $5,8 millones de pesos, situando la fase de apertura de cuentas como el punto más crítico (7,2 % de los fraudes detectados).
Frente a esta coyuntura, la Ley 2573 de 2026 reforzó las garantías constitucionales para proteger a la ciudadanía ante reportes negativos injustificados y cobros derivados de suplantaciones. David Bocanument, presidente de FGA Fondo de Garantías, enfatizó:
“Cuidar la identidad personal también es cuidar la posibilidad de acceder al crédito formal. Cuando una persona revisa su historia crediticia y actúa a tiempo, protege su buen nombre financiero”.
¿Qué hacer si detecta movimientos sospechosos?
Expertos aconsejan verificar el origen de cada registro. En ocasiones, la aparición de entidades como FGA Fondo de Garantías no indica una nueva deuda, sino su rol institucional como fiador del crédito original. Asimismo, la permanencia de un dato negativo tras ponerse al día responde a los tiempos de ley (hasta el doble del tiempo de la mora, con un máximo de cuatro años).
Si identifica cobros o productos que no reconoce:
- Contacte a la entidad financiera y deje constancia formal del desconocimiento de la obligación.
- Presente la denuncia ante las autoridades judiciales.
- Radique la reclamación ante la entidad y las centrales de riesgo para corregir su historial.
