Se auditarán todas las fotomultas del país tras detectar 40.000 comparendos bajo sospecha
El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, ordenó una auditoría exhaustiva a escala nacional sobre todos los sistemas de fotodetección en operación, tras revelar los primeros hallazgos de una inspección técnica que deja bajo sospecha cerca de 40.000 órdenes de comparendo presuntamente emitidas de manera irregular. La directriz, impartida a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, busca constatar que cada punto electrónico habilitado en los municipios cumpla con la totalidad de los requisitos técnicos, de calibración y de legalidad vigentes.
De acuerdo con el balance preliminar, las 40.000 infracciones bajo la lupa habrían sido expedidas por cámaras que, pese a contar con permisos previos, no habían legalizado formalmente el acta de inicio de operaciones. Estos registros están siendo cruzados con la base de datos del Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT) para definir las actuaciones jurídicas y determinar si procede la anulación de los cobros. Asimismo, el mandatario confirmó que 12 dispositivos afrontan procesos formales de revocatoria de autorización debido a alteraciones en la competencia territorial de las secretarías de tránsito responsables, al tiempo que se frenó preventivamente la entrada en servicio de un sistema en Cartago que no cumplía con los estándares exigidos.
El mandatario enfatizó que la tecnología de vigilancia vial debe priorizar la reducción de la siniestralidad y no transformarse en esquemas recaudatorios que afecten el patrimonio de los conductores:
“Las fotomultas son para salvar vidas, no para hacer negocios con los ciudadanos. La seguridad vial no puede ser una excusa para esquilmar al ciudadano. El dispositivo que no cumpla la ley no puede operar. Y donde encontremos irregularidades, actuaremos”, sentenció el jefe de Estado.
La Casa de Nariño anunció que, junto con el Ministerio de Transporte, alista un nuevo marco regulatorio para endurecer los controles de instalación y fiscalización de estos equipos. La revisión pondrá especial atención sobre los vehículos móviles adaptados con cámaras que sancionan infracciones en vías públicas sin la presencia ni validación directa de agentes de tránsito, advirtiendo que cualquier mecanismo que opere por fuera del marco legal será desmontado de inmediato.
