El Senado de la República autorizó al expresidente Gustavo Petro a salir de Colombia durante los 12 meses posteriores a la terminación de su mandato. La decisión fue aprobada por la plenaria con 73 votos a favor y 11 en contra, tras estudiar la solicitud presentada por el exmandatario.
La autorización responde al requisito establecido en la Constitución para los expresidentes que pretenden salir del país durante el año siguiente a la terminación de sus funciones. El artículo 196 establece que quien haya ejercido la Presidencia no puede abandonar el territorio nacional durante ese periodo sin permiso previo del Senado.
El aval aprobado permitirá a Petro realizar viajes internacionales durante ese año, aunque durante el debate surgieron diferencias sobre las condiciones que deben aplicarse a sus desplazamientos. El senador Alfredo Deluque sostuvo que cada salida del país debería contar con una autorización independiente y no bastaría con un permiso general por un año.
La discusión también estuvo marcada por los procesos e investigaciones que enfrenta Petro ante instancias del Congreso. Algunos senadores expresaron preocupación por la posibilidad de que una salida del país pudiera afectar su eventual comparecencia ante esos procedimientos.
El senador Enrique Gómez cuestionó la autorización al considerar que podría facilitar una eventual salida definitiva del exmandatario del territorio nacional. En contraste, otros congresistas señalaron que el Senado no puede asumir funciones propias de jueces o fiscales y que las investigaciones deben continuar ante las autoridades competentes.
Con la votación, la plenaria dio luz verde a la solicitud presentada por Petro, quien había manifestado previamente su intención de realizar algunos viajes internacionales después de finalizar su gobierno. Entre los destinos mencionados estuvo Estados Unidos, donde contemplaba visitar Princeton, además de otros desplazamientos relacionados con sus actividades personales, políticas y académicas.
La autorización aprobada este miércoles queda así enmarcada en el requisito constitucional aplicable a los expresidentes durante el primer año después de dejar el cargo.
