La Sociedad Hidroituango afirmó que fue declarada víctima dentro del proceso de fiscalización que adelanta la Contraloría General de Antioquia por el cambio de contratistas en el megaproyecto. La actuación especial busca establecer si hubo un posible detrimento patrimonial asociado a la sustitución de firmas encargadas de las obras de las unidades de generación 5, 6, 7 y 8.
En un comunicado, Hidroituango S. A. recordó que en 2011 suscribió con Empresas Públicas de Medellín-EPM un contrato bajo la modalidad Boomt, mediante el cual la empresa se obligó a construir, operar, poseer y mantener la central hidroeléctrica. Según lo expuesto, al término del contrato, en 2061, la infraestructura deberá ser transferida nuevamente a la Sociedad propietaria del proyecto.
La Sociedad señaló que el contrato otorga “plena autonomía” a EPM para adoptar, bajo su propio riesgo, las decisiones de contratación necesarias para la construcción y operación. Indicó que, en 2023, durante la administración del entonces alcalde Daniel Quintero Calle, quien además presidía la junta directiva de EPM, la empresa decidió de manera autónoma no continuar con los contratistas iniciales vinculados desde 2011 y proceder con el reemplazo.
Hidroituango S. A. sostuvo que, una vez tuvo conocimiento de la intención de EPM de cambiar los contratistas, emitió alertas y dejó constancia formal y documentada de sus preocupaciones, entre ellas los retrasos que podría generar la decisión.
La Contraloría busca establecer si las determinaciones adoptadas incrementaron los recursos comprometidos y evidenciaron una variación proporcional del alcance técnico de las obras. La Sociedad agregó que sus comunicaciones a EPM son un insumo para la investigación sobre cómo se dio el cambio y las consecuencias para el proyecto.
