El gobierno del presidente Abelardo De La Espriella avanza en la formulación de una reforma estructural del Estado encaminada a frenar el déficit fiscal mediante un plan de choque contra el gasto público. La iniciativa central, confirmada por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, contempla la reducción del aparato ministerial pasando de las 18 carteras actuales a 13, mediante esquemas de fusión y supresión de dependencias para compactar el funcionamiento del Ejecutivo antes de contemplar nuevas cargas tributarias a la ciudadanía.
La reestructuración formará parte integral de la denominada «Ley de Rescate Fiscal», paquete legislativo con el que la Casa de Nariño busca imponer una política estricta de austeridad administrativa frente a la estrechez presupuestal del país:
“Este gobierno por primera vez está diciendo: ‘hay que bajar el gasto y apretarse el cinturón’. Hay que frenar el gasto, porque así como vamos el país es inviable (…). En la situación en la que estamos no descartamos nada. Subir impuestos sería la última opción, preferimos primero recortar y que el Estado haga el sacrificio. Al final, si eso no basta, vamos a pedirles a los colombianos que nos den un apoyo, pero no con los sistemas tradicionales”, aseveró el titular de Hacienda.
De acuerdo con el cronograma preliminar de la cartera económica, parte de las transformaciones institucionales se articularán a través del Plan Nacional de Desarrollo, mientras que las reformas que demanden modificaciones legales específicas serán radicadas como un proyecto de ley autónomo ante el Congreso de la República de cara a la legislatura de 2027, corporación que tendrá la última palabra sobre el rediseño del gabinete.
En paralelo al ajuste burocrático, el Ejecutivo activó un barrido de control interno sobre la gestión precedente. El ministro Gómez advirtió que todos los miembros del gabinete ministerial tienen plazo perentorio hasta el cierre de septiembre para radicar ante los entes de control y las autoridades judiciales la totalidad de denuncias y pruebas documentales sobre presuntos hechos de corrupción o desfalcos detectados en los empalmes institucionales.
