Corte evalúa suspensión de emergencia económica solicitada por Fico
La Corte Constitucional informó al Distrito de Medellín que está en estudio la solicitud presentada por el alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga para suspender, de manera provisional, el decreto que declaró el Estado de Emergencia Económica y Social en el país.
La petición, radicada el 13 de enero, sostiene que la declaratoria no cumpliría los requisitos de excepcionalidad y hechos sobrevinientes previstos en el artículo 215 de la Constitución.
Gutiérrez argumentó que la emergencia —Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025— no estaría sustentada en un evento extraordinario, sino en asuntos estructurales que, a su juicio, debieron tramitarse por vías ordinarias. En el comunicado del Distrito sobre la acción, el mandatario insistió en que su solicitud busca una medida cautelar urgente para frenar los efectos del decreto mientras la Corte decide de fondo. “Como Alcalde y ciudadano, siempre he confiado en las instituciones y seguiré confiando”, dijo, al señalar que el mecanismo excepcional pondría a prueba la separación de poderes.
El debate tiene un componente fiscal inmediato y es que bajo el amparo de la emergencia, el Gobierno expidió el Decreto 1474 del 29 de diciembre de 2025, con medidas tributarias que entraron en vigor desde el 1 de enero de 2026. Ese paquete es el que varios mandatarios regionales y gremios han cuestionado por su impacto en precios y recaudos territoriales, especialmente en rubros como alcohol y tabaco.
A la controversia se sumó Asocapitales, que radicó una coadyuvancia formal a la solicitud de Medellín y pidió suspender tanto el Decreto 1390 como el 1474, alegando que las razones invocadas por el Ejecutivo corresponden a situaciones previsibles y gestionables sin acudir a estados de excepción. La asociación advirtió, además, sobre efectos jurídicos y fiscales que podrían ser difíciles de revertir si los decretos siguen produciendo consecuencias mientras avanza la revisión constitucional.
Por ahora, la Corte inició el trámite de control automático y solicitó información adicional al Gobierno, mientras recibe intervenciones ciudadanas y conceptos técnicos. Según el expediente aún no se ha ordenado la suspensión del Decreto 1390 y el magistrado ponente deberá evaluar si las solicitudes de medida provisional pasan a consideración de la Sala Plena.
