Concejo de Medellín aprueba aumento salarial del 5,1% para la Contraloría Distrital

El Concejo Distrital de Medellín aprobó en sesión plenaria el Proyecto de Acuerdo 86 de 2026, el cual establece formalmente un incremento salarial del 5,1% para los servidores de la Contraloría Distrital. Según el boletín oficial emitido este 23 de mayo de 2026, la iniciativa cuenta con conceptos favorables de viabilidad fiscal y jurídica, asegurando que el ajuste protege los derechos laborales de los funcionarios sin poner en riesgo la sostenibilidad presupuestal del organismo de control.
El concejal Miguel Ángel Iguarán Osorio, coordinador de ponentes, destacó durante el segundo debate que el proyecto surtió de manera exitosa todas sus etapas conforme a la ley y al reglamento interno del cabildo tras varias jornadas de discusión y socialización.
Sustentación técnica e impacto financiero
El incremento salarial se determinó bajo los parámetros legales vigentes que regulan a los entes de control territorial:
- Aplicación de la norma: El aumento se fijó bajo el artículo 2 de la Ley 1416 de 2010. Esta norma estipula que los gastos de las contralorías municipales y distritales deben crecer porcentualmente según la cifra mayor que resulte de comparar la inflación causada en el año anterior y la proyectada para el siguiente.
- Costo de la medida: La fijación del ajuste en el 5,1% representará un incremento presupuestal para la entidad de $2.762 millones de pesos durante la vigencia 2026.
Garantía laboral y permanencia de la entidad
Por su parte, la contralora distrital, Paula Andrea Ortega, aseveró en su intervención que el proyecto dispone de un sustento financiero y jurídico robusto. La funcionaria enfatizó que la aprobación de este acuerdo cumple de forma simultánea con dos propósitos fundamentales: indexar el salario para asegurar el poder adquisitivo de los trabajadores del organismo y blindar la permanencia financiera de la institución en el mediano plazo. Los corporados concluyeron que la medida promueve de forma directa el mejoramiento de la calidad de vida de los empleados del ente fiscalizador.




