Consejo de Estado anula megacontrato vial de Medellín por $70.000 millones
Un nuevo revés judicial sacude a los exfuncionarios de la pasada alcaldía de Medellín. La Sección Tercera del Consejo de Estado declaró la nulidad absoluta de la adjudicación de la licitación pública de malla vial de 2023, un contrato superior a los $70.000 millones de pesos firmado bajo el mandato del exalcalde Daniel Quintero. El alto tribunal ratificó que el Distrito rechazó de forma injustificada y arbitraria la propuesta del Consorcio Génesis, bajo el falso argumento de que presentaba un “precio artificialmente bajo”, para beneficiar de manera directa a otra estructura contractual.
Como consecuencia de este direccionamiento ilegal, la sentencia de segunda instancia, bajo la ponencia del magistrado Fernando Alexei Pardo Flórez, condenó al Distrito de Medellín a pagar al Consorcio Génesis la suma de $2.496.725.674 pesos a título de restablecimiento del derecho, cifra que equivale a las utilidades legítimas que el proponente afectado dejó de percibir.
Exsecretaria pagará de su propio bolsillo
La trascendencia de este fallo radica en que la justicia penalizó directamente la gestión de los ordenadores del gasto. El Consejo de Estado declaró civil y patrimonialmente responsable, a título de culpa grave, a la entonces secretaria de Suministros y Servicios del Distrito, Evelyn Tatiana Beltrán, quien firmó el cuestionado documento. La exfuncionaria fue sentenciada a reembolsar el 45 % de la condena global impuesta a la ciudad.
El presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout, celebró la contundencia de la providencia judicial y enfatizó el mensaje que sienta para la administración pública:
“El contrato de malla vial fue adjudicado de manera ilegal, a dedo, por fuera de cualquier proceso transparente. Hoy la entonces secretaria, Evelyn Tatiana Beltrán, tendrá que pagar más de $1.061 millones de pesos de su propio bolsillo. Cuando alguien firma contratos amañados, no se esconde detrás del cargo: responde con su propio patrimonio, como debe ser”.
El Distrito dispone de un plazo perentorio de seis meses para hacer efectiva la indemnización una vez quede en firme la sentencia. Por su parte, el expediente regresará al Tribunal Administrativo de Antioquia para vigilar el cumplimiento del cobro coactivo hacia la exsecretaria, marcando un precedente clave en la lucha contra el desvío de recursos en el departamento.
