El concejal de Medellín por el movimiento Creemos, Santiago Perdomo, lanzó una dura denuncia pública cuestionando los recursos destinados a la adquisición de pasajes aéreos nacionales e internacionales por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, en momentos en que los usuarios afrontan graves barreras para acceder a citas y medicamentos.
Según el cabildante, la contratación incluía alarmantes rubros asignados de manera directa al despacho del superintendente Daniel Quintero y a la Oficina Asesora de Comunicaciones Estratégicas e Imagen. Perdomo afirmó que cerca de $194 millones de pesos estarían vinculados a los desplazamientos del jefe de la cartera y su equipo de relaciones públicas, un gasto que calificó como no prioritario frente a la coyuntura del sistema.
Supersalud detalla las cifras y la misionalidad del gasto
Ante los señalamientos, la Superintendencia de Salud emitió un comunicado oficial defendiendo la legalidad y necesidad del Contrato No. 480 de 2026, cuyo valor inicial asciende a $3.790.948.074. La entidad aclaró que el proceso se adjudicó el pasado 13 de mayo mediante la modalidad legal de selección abreviada por subasta inversa electrónica en la plataforma Secop II, garantizando el menor costo posible para el Estado.
Frente a la distribución del presupuesto, el organismo técnico desvirtuó los montos presentados por el concejal y entregó un balance detallado:
- Despacho del Superintendente: Únicamente $54.564.204 (equivalentes al 1,4% del total del contrato) corresponden a los viajes institucionales de Daniel Quintero para el resto de la vigencia de este año.
- Operación misional en regiones: El 98,6% restante de los recursos públicos financia de forma exclusiva los pasajes de los equipos técnicos, auditores y peritos encargados de realizar las visitas de inspección, vigilancia y control a las EPS e IPS en todos los departamentos de Colombia.
La entidad enfatizó que suspender la movilidad de sus funcionarios paralizaría las auditorías de campo y las acciones de protección a los usuarios. Finalmente, la Supersalud reiteró su absoluta disposición para rendir cuentas ante las autoridades competentes, asegurando que cada peso ejecutado está amparado bajo los principios constitucionales de transparencia y economía en este 2026.
