La transición de mando en el nivel central entra en una etapa de estricta vigilancia burocrática y legal. Luego de que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, ordenara a su comité suspender los diálogos de empalme presenciales debido a choques públicos con la administración saliente, el Gobierno de Gustavo Petro reaccionó de forma administrativa. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) expidió una circular interna con directrices rigurosas para responder el aluvión de requerimientos informáticos que empezó a radicar la derecha.
La medida más contundente del documento, firmado por la directora del Dapre, Nhora Yhanet Mondragón, y el ministro de Hacienda, Germán Ávila, obliga a todos los ministros y directores de departamentos administrativos a remitir los proyectos de respuesta al Dapre antes de ser enviados al equipo de De la Espriella. Con esta centralización de los flujos de información, el Gobierno nacional busca asegurar una postura institucional “única, oficial y consistente”, evitando contradicciones técnicas entre carteras sobre temas sensibles de la ejecución presupuestal y operativa de este 2026.
Filtros por ley de oposición e informes unificados
La circular presidencial establece dos rutas jurídicas diferenciadas para procesar de fondo las peticiones radicadas por el gobierno entrante y sus aliados legislativos:
- Equipo de empalme del presidente electo: Los ministerios deberán canalizar las respuestas exclusivamente a través de los informes de gestión formalizados bajo la Ley 951 de 2005. Si los datos ya están en los documentos oficiales de empalme, se direccionará al solicitante allí para preservar la institucionalidad de la entrega.
- Partidos declarados en oposición: Para las solicitudes amparadas en el Estatuto de la Oposición (Ley 1909 de 2018), las entidades tienen la obligación perentoria de responder de fondo dentro de los estrictos términos legales, asegurando el acceso efectivo a los archivos pero aplicando filtros uniformes sobre la reserva de la estrategia de defensa judicial de la Nación.
La Presidencia aclaró que esta revisión interna obligatoria es un mecanismo de coordinación que no altera los plazos perentorios que tienen las entidades por ley para contestar los derechos de petición. Asimismo, se impartieron órdenes estrictas para negar de manera motivada cualquier dato cubierto por el régimen de protección de datos personales o asuntos confidenciales de la seguridad nacional, buscando que la accidentada entrega de la administración pública concluya bajo parámetros de legalidad antes del relevo del 7 de agosto.
