Consejo de Estado inadmite demanda que buscaba frenar la posesión de Abelardo de la Espriella

Un nuevo e importante respaldo legal recibió el gobierno entrante en los altos tribunales. El Consejo de Estado declaró inadmisible la demanda de nulidad electoral que pretendía tumbar la elección del presidente electo, Abelardo de la Espriella, y congelar de forma preventiva su posesión programada para el próximo 7 de agosto.
La decisión técnica fue confirmada de manera pública por el jurista Germán Calderón España, designado por el mandatario electo como el nuevo director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE). El recurso judicial había sido interpuesto por el exmagistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) y aliado del petrismo, Luis Guillermo Pérez, quien pretendía activar una medida cautelar de urgencia invocando la presunta violación de los principios de soberanía popular, moralidad pública y protección del orden democrático en los comicios de la segunda vuelta del pasado 21 de junio de 2026.
A pesar del grueso volumen probatorio anunciado por el demandante, la Sección Quinta del alto tribunal frenó el proceso debido a la omisión de requisitos de forma consagrados en la Ley 1437 (CPACA):
- Falta de traslado digital: El demandante omitió enviar de forma electrónica la copia del escrito judicial y sus respectivos anexos a la parte pasiva (Abelardo de la Espriella).
- Ausencia de datos de contacto: El documento radicado no indicó ni justificó el desconocimiento de la dirección física o el correo electrónico en el cual el presidente electo debe recibir las notificaciones legales.
Los polémicos argumentos de la oposición progresista
La demanda, que llegó respaldada digitalmente por un total de 818.000 firmas ciudadanas, estructuraba su ofensiva jurídica sobre dos ejes de alta sensibilidad política. El primero denunciaba una supuesta estrategia de violencia política, estigmatización y uso ilegal de símbolos patrios (como la bandera y la camiseta de la Selección Colombia) durante la campaña, además de discursos en los que De la Espriella tildó a sus contradictores de “delincuentes”.
El segundo eje atacaba directamente la elegibilidad del líder de Defensores de la Patria por su doble nacionalidad estadounidense. Pérez aportó supuestos registros de naturalización argumentando que el juramento de lealtad prestado a los Estados Unidos configuraba una incompatibilidad constitucional absoluta para gobernar a Colombia. Tras la inadmisión, el equipo jurídico demandante dispondrá de los términos legales establecidos por el Consejo de Estado para subsanar los errores técnicos formales señalados si pretende que el recurso sea evaluado de fondo antes del cambio de mando.




