En cumplimiento de la Sentencia C-298 de 2025 de la Corte Constitucional, el Ministerio del Trabajo anunció que radicará ante el Congreso un proyecto de ley para fortalecer y modernizar el esquema de inspección, vigilancia y control de las Cajas de Compensación Familiar. El anuncio se dio durante la presentación del balance de gestión 2022-2026 de la Superintendencia del Subsidio Familiar.
La iniciativa, construida de manera conjunta entre el Gobierno, Asocajas y Fedecajas, busca actualizar el marco normativo para brindar mayor seguridad jurídica y proteger la administración de los recursos parafiscales que benefician a millones de trabajadores.
En el mismo evento se confirmó una noticia clave para la región: el levantamiento oficial de la medida de intervención sobre Comfenalco Antioquia y Comfaguajira, tras haber superado con éxito las causales financieras y administrativas que dieron origen a la toma de posesión por parte de la Superintendencia.
Modelo preventivo e impacto social en el cuatrienio
Durante la rendición de cuentas, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, destacó la transición hacia un modelo de supervisión preventivo respaldado por el Sistema de Alertas Tempranas (SIAT), el cual monitorea 113 indicadores de riesgo en tiempo real mediante analítica de datos.
Entre los principales resultados y coberturas del sistema del subsidio familiar presentados a 2026 destacan:
- Alcance general: Cerca de 10,94 millones de trabajadores afiliados, más de 866.000 empresas aportantes y $6,4 billones en aportes registrados a abril de este año.
- FONIÑEZ: Inversión de cerca de $250.000 millones en el primer trimestre para beneficiar a más de 308.000 niños en jornadas complementarias.
- FOSFEC: Vinculación de 181.000 personas al empleo formal y capacitación a más de 108.000 cesantes.
- Vivienda: Asignación de 21.598 subsidios de vivienda por un valor de $456.939 millones, de los cuales el 60,8 % se otorgó a hogares con jefatura femenina.
Con la radicación de esta propuesta legislativa, el Ejecutivo busca dejar un marco jurídico actualizado que blinde la transparencia e institucionalidad de las cajas de compensación en el país.
