Fiscalía imputa a Miguel Andrés Quintero por presunto entramado de corrupción de $17.656 millones en el AMVA
La Fiscalía General de la Nación imputó los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación a Miguel Andrés Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, señalándolo de operar como el presunto articulador de una red de corrupción al interior del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA). En la misma diligencia judicial fueron vinculados formalmente Álvaro Alonso Villada, exsubdirector de gestión administrativa y financiera de la entidad, junto a los contratistas Vanessa Álvarez Restrepo y Sebastián de Dios Ortega.
La acusación formal presentada ante el Juez 27 Penal Municipal de Garantías de Medellín detalla el direccionamiento irregular de seis convenios interadministrativos celebrados entre 2020 y 2021, valorados en más de $17.656 millones de pesos, destinados sobre el papel a la compra y suministro de insumos de bioseguridad a través del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí:
“Existía un acuerdo destinado para obtener una contraprestación económica ilícita del 15% del valor total de los contratos, como requisito para que fuesen adjudicados al Cuerpo de Bomberos de Itagüí. Utilizaron la estructura administrativa del Área Metropolitana del Valle de Aburrá para lograr este resultado”, expuso la fiscal del caso al documentar las reuniones entre Quintero Calle y el entonces representante de la institución bomberil, Misael Cadavid, hoy testigo estrella del ente acusador.
De acuerdo con el expediente, el hermano del exmandatario intervino sin contar con investidura oficial ni funciones públicas, influyendo presuntamente en la designación de altos cargos dentro del AMVA para facilitar el direccionamiento contractual e imponer cuotas de personal mediante el envío de hojas de vida, hecho respaldado por conversaciones de mensajería instantánea recopiladas por las autoridades. Durante la sesión, la transmisión pública fue suspendida a petición de la defensa técnica para resguardar la identidad visual del procesado al momento de leer las evidencias de peculado. Ninguno de los cuatro implicados aceptó los cargos imputados, por lo que el proceso penal continuará hacia la fase de sustentación de medidas de aseguramiento.
