Álvaro Uribe califica como un “atropello” su citación a indagatoria por las masacres de El Aro y La Granja
El expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, manifestó públicamente su profunda inconformidad frente al proceder de la Fiscalía General de la Nación, tras confirmarse que fue citado formalmente a diligencia de indagatoria para el próximo 24 de julio de 2026. El exmandatario denunció a través de sus canales oficiales que la decisión judicial constituye una flagrante violación a sus garantías procesales.
De acuerdo con el exjefe de Estado, el despacho a cargo emitió la orden de comparecencia sin haber evacuado ni practicado el conjunto de pruebas que la misma institución judicial había decretado inicialmente dentro del expediente. Uribe comparó esta situación con las actuaciones del magistrado César Reyes en la Corte Suprema de Justicia durante el proceso por presunta manipulación de testigos, un caso en el que inicialmente se le dictó medida de aseguramiento privativa de la libertad, pero que posteriormente concluyó con su absolución en segunda instancia por parte del Tribunal Superior de Bogotá. En la actualidad, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema evalúa un recurso extraordinario de casación sobre dicho fallo.
“La Fiscalía me cita para indagatorio el 24 de julio, sin practicar las pruebas que ella decretó. El mismo camino del magistrado César Reyes… Esto es un atropello”, enfatizó de manera categórica el líder del Centro Democrático en su cuenta de la red social X.
Los hechos investigados bajo la Ley 600
El llamado del ente acusador, que fue notificado formalmente a escasas horas de la celebración de la segunda vuelta presidencial, se tramita bajo el antiguo sistema procesal de la Ley 600 de 2000. La Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia busca establecer el grado de responsabilidad penal y la presunta autoría por comisión por omisión del exmandatario durante su época como gobernador de Antioquia (1995-1997).
La investigación penal se enfoca específicamente en los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio en persona protegida, derivados de las incursiones de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en los corregimientos de La Granja (1996) y El Aro (1997), en jurisdicción del municipio de Ituango, así como su presunta vinculación con el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo en 1998.
Uribe y su equipo jurídico, encabezado por el abogado Jaime Granados, insistieron en que la providencia judicial tiene una marcada motivación política para afectar la reputación de su colectividad en el marco del cierre de los comicios presidenciales, por lo cual evalúan interponer acciones legales contra la fiscal del caso ante el presunto abuso de poder.
