La Contraloría General de Antioquia identificó un presunto detrimento patrimonial por $108.585 millones relacionado con el proceso de contratación adelantado por Empresas Públicas de Medellín (EPM) para las unidades funcionales 5, 6, 7 y 8 de Hidroituango. El hallazgo estaría asociado a mayores valores y cantidades frente al presupuesto de referencia, tras el cambio de contratista ejecutado entre 2022 y 2023, mientras que Daniel Quintero era el alcalde de Medellín.
Aunque la actuación fiscal se concentró en la Sociedad Hidroituango S.A. E.S.P., el informe concluyó que no hubo afectación al patrimonio público de esta empresa por la modificación del contratista en el marco del contrato BOOMT. Sin embargo, los auditores sí evidenciaron una presunta vulneración del principio de planeación en la contratación liderada por EPM.
Debido a que EPM es sujeto de control de la Contraloría Distrital de Medellín, el hallazgo fiscal será trasladado a esa entidad para que adelante las investigaciones y actuaciones correspondientes sobre el presunto daño patrimonial.
En cuanto a la Sociedad Hidroituango, la Contraloría de Antioquia estableció dos hallazgos administrativos relacionados con la gestión de acciones judiciales por el incumplimiento del Hito 7 del Cronograma Director del contrato BOOMT y la actualización del modelo financiero durante el primer trimestre de 2026. Frente a estos hallazgos, la entidad deberá suscribir planes de mejoramiento.
