Documento de EPM revela extorsiones por $5.000 millones a Hidroituango y amenazas de disidencias al Metro y la Alcaldía de Medellín
Un informe confidencial de seguridad remitido por Empresas Públicas de Medellín (EPM) a la Cámara de Representantes destapó una grave ola de extorsiones y ataques criminales perpetrados por grupos armados ilegales contra la infraestructura crítica de Antioquia. El documento, firmado por el jefe de Seguridad de la entidad, Daniel Francisco Moreno Peláez, e impulsado en un debate de control político por el representante antioqueño Simón Molina, reveló exigencias del Frente 36 de las disidencias de las Farc de $5.000 millones de pesos como “cuota de entrada” y $500 millones mensuales a cambio de permitir la operación de la central Hidroituango, además de amenazas directas contra el Metro de Medellín y la Alcaldía.
El expediente detalla atentados con cilindros explosivos en las vías de acceso a la hidroeléctrica que causaron la muerte de un sargento del Ejército, voladura de tres torres de energía en Medellín y Bello, sobrevuelos no autorizados de drones sobre la presa y la incursión del Clan del Golfo y el ELN en minería ilegal en Porce II y Porce III. Frente al inminente riesgo, EPM restringió el ingreso de personal a 17 veredas de Briceño y zonas rurales, coordinando esquemas de contingencia con el Gaula y la Fiscalía, mientras sectores políticos califican los hechos como una “declaración de guerra” en el departamento.
Un informe confidencial de seguridad remitido por Empresas Públicas de Medellín (EPM) a la Cámara de Representantes destapó una grave ola de extorsiones y ataques criminales perpetrados por grupos armados ilegales contra la infraestructura crítica de Antioquia. El documento, firmado por el jefe de Seguridad de la entidad, Daniel Francisco Moreno Peláez, e impulsado en un debate de control político por el representante antioqueño Simón Molina, reveló exigencias del Frente 36 de las disidencias de las Farc de $5.000 millones de pesos como “cuota de entrada” y $500 millones mensuales a cambio de permitir la operación de la central Hidroituango, además de amenazas directas contra el Metro de Medellín y la Alcaldía.
El expediente detalla atentados con cilindros explosivos en las vías de acceso a la hidroeléctrica que causaron la muerte de un sargento del Ejército, voladura de tres torres de energía en Medellín y Bello, sobrevuelos no autorizados de drones sobre la presa y la incursión del Clan del Golfo y el ELN en minería ilegal en Porce II y Porce III. Frente al inminente riesgo, EPM restringió el ingreso de personal a 17 veredas de Briceño y zonas rurales, coordinando esquemas de contingencia con el Gaula y la Fiscalía, mientras sectores políticos califican los hechos como una “declaración de guerra” en el departamento.
