Combates en Briceño obligan a suspender clases y cerrar un centro de salud
Los enfrentamientos armados registrados en zona rural de Briceño, Norte de Antioquia, han impedido el inicio normal de clases presenciales y han interrumpido la atención en salud en varias veredas, según reportó la Gobernación.
La Administración Departamental señaló que los choques entre disidencias armadas y el Clan del Golfo están afectando a comunidades campesinas y advirtió riesgos directos para la población civil en medio de lo que describió como escenarios de confinamiento.
De acuerdo con la información oficial, el centro de salud de la vereda El Roblal suspendió su operación después de que el personal médico se retirara por razones de seguridad. En paralelo, 28 sedes educativas tuvieron que interrumpir actividades presenciales, lo que impactó a cerca de 375 estudiantes, que pasaron a una modalidad semiescolarizada mientras se define si existen condiciones para retomar la presencialidad.
La Gobernación sostuvo que estos hechos constituyen una afectación a derechos fundamentales y una vulneración al Derecho Internacional Humanitario, al comprometer servicios que deben mantenerse protegidos en contextos de conflicto.
Tras conocerse los hechos, la Gobernación convocó un Consejo de Seguridad con Fuerza Pública y autoridades locales para coordinar acciones de protección a la población y definir medidas que permitan restablecer la atención en salud y la continuidad educativa. La situación también volvió a poner en discusión los planes de contingencia para sedes rurales que dependen de desplazamientos del personal docente y sanitario, en zonas donde la dinámica armada cambia en cuestión de horas.
Briceño ya venía enfrentando afectaciones a la educación por hechos de orden público: en octubre de 2025, autoridades reportaron cientos de menores impactados por desplazamientos y ajustes de atención escolar en el casco urbano. En enero de 2026, el nuevo ciclo de enfrentamientos volvió a traducirse en suspensión de servicios básicos, mientras las comunidades esperan presencia institucional sostenida y garantías para el retorno de maestros, personal de salud y estudiantes a sus veredas.
