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Familias de víctimas en Remedios denuncian a Precoltur y a un CDA por bus siniestrado con estudiantes

A dos meses del siniestro vial ocurrido en el sector El Chispero, en jurisdicción de Remedios, que dejó 16 egresados del Liceo Antioqueño y el conductor fallecidos, familiares de dos de las víctimas presentaron una denuncia penal para que se investigue a los responsables de permitir que un bus con presuntas fallas mecánicas circulara por vías del Nordeste antioqueño.

El escrito, radicado ante la Fiscalía 110 Seccional de Segovia, fue interpuesto por las familias con representación del abogado Diego García, quien sostuvo que la investigación debe ir más allá de sanciones administrativas: “queremos que se determine quién permitió que ese bus saliera a carretera en esas condiciones”.

El eje del documento se concentra en la revisión técnico-mecánica del bus de placas SON-847. Según lo expuesto por los denunciantes, una investigación de la Superintendencia de Transporte habría detectado que el CDA Servisuper reportó información falsa al RUNT, omitiendo verificaciones básicas como rines, llantas, luces y salidas de emergencia, y aprobando el automotor pese a alertas críticas relacionadas con el sistema de frenos.

La denuncia pide establecer si existía un patrón para emitir certificados a vehículos que no cumplían estándares mínimos, lo que podría configurar conductas como falsedad material en documento público y fraude procesal, entre otras.

El escrito también dirige la lupa hacia los directivos de Precoltur S.A.S., al afirmar que la empresa sería la principal interesada en obtener certificaciones irregulares para mantener su flota operando sin inversiones suficientes en mantenimiento preventivo. Además, el documento menciona presuntos incumplimientos en afiliación de conductores al sistema de seguridad social y ausencia de programas de capacitación y control de sustancias.

La Dirección de Investigaciones de Tránsito y Transporte ordenó la suspensión por seis meses de la habilitación tanto del CDA como de la transportadora, medida preventiva que impide nuevas revisiones y obliga a la empresa a cesar operaciones mientras avanzan las pesquisas. Con la denuncia, las familias buscan que se vincule a representantes legales y personal técnico a una investigación por homicidio culposo, bajo el argumento de que el vehículo se convirtió en una trampa mortal por presunta negligencia institucional y empresarial.

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