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Nuevamente se arma polémica por murales en Medellín

Una nueva controversia en torno al uso del espacio público y la propaganda política sacude a Medellín. El alcalde del distrito, Federico Gutiérrez, ordenó a la Policía Metropolitana y a la Secretaría de Seguridad tapar con pintura gris un mural pintado sin autorización legal en el deprimido de la avenida San Juan, a pocos metros del centro administrativo La Alpujarra.

El diseño contenía la frase “Ofensiva Antifa por el derecho de los pueblos a liberarse”. Paralelamente a la pintada, se distribuyeron panfletos conmemorativos del 50 aniversario del “Cartel de Argel” —un grupo investigado internacionalmente por nexos terroristas— bajo consignas como “construimos ciudades en llamas de dignidad”.

La administración distrital aclaró que el operativo no constituyó un acto de censura, sino el estricto cumplimiento del Acuerdo 010 de 2020, el cual exige permisos explícitos para cualquier intervención pictórica en los muros de la ciudad. El mandatario Gutiérrez fue contundente en sus canales oficiales:

“A los que les gusta que vuelvan nada la ciudad, los invito para que sean voluntarios y donen las fachadas de sus casas para que la pinten como quieran. Mientras yo sea alcalde de Medellín, haré respetar la ciudad”, sentenció.

Presunto respaldo institucional a colectivos radicales

El componente más crítico del suceso involucra a dos servidores públicos de la Defensoría del Pueblo, identificados como Lucas Ochoa y Luis Fernando Sucerquia, quienes fueron registrados participando activamente en la jornada de ornato ilegal. Ante esto, el alcalde radicó una carta formal ante la defensora nacional del Pueblo, Iris Marín Ortiz, exigiendo una investigación disciplinaria inmediata. Gutiérrez calificó como “impresentable” que delegados del Ministerio Público respalden actos que infringen la normativa urbana y hagan apología a corrientes extremistas.

Por su parte, la defensora Iris Marín Ortiz respondió públicamente al requerimiento, confirmando que se dará el trámite formal que corresponde y anunciando una mesa de diálogo presencial con el alcalde para abordar la situación con enfoque de convivencia:

“Señor alcalde, gracias por su comunicación. Daremos la respuesta formal que procede. Mientras tanto (…) espero que podamos abordar el asunto presencialmente el próximo martes”, manifestó la funcionaria, reiterando el rol de la Defensoría como garante de los derechos constitucionales y mediadora social en este 2026.

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